El interés por entender la influencia de las nuevas tecnologías en el desempeño de nuestras democracias no deja de crecer. Y es bueno que genere atención: se trata de un tema de gran importancia para la evolución de la democracia digital.
Llevo más de una década llamando la atención sobre este tema. En “Argentina 3.0 La revolución Ciudadana (Prometeo, 2013) preguntaba si las redes sociales contribuirían a restaurar la confianza de los ciudadanos en la política.
A la luz de las últimas publicaciones, cabría reformular la pregunta de este modo: ¿puede existir una democracia digital genuina cuando nuestra esfera pública digital está mediada por mecanismos que no controlamos ni entendemos plenamente?
La conversación entre ciudadanos está, crecientemente, ordenada, seleccionada y parcialmente reescrita por sistemas privados sobre los cuales tenemos un control limitado —si alguno— y cuyo funcionamiento no entendemos por completo. No podemos explicar o anticipar siempre sus comportamientos, como no pueden incluso quienes los diseñan y gobiernan.
En mayo de 2025 advertí que la inteligencia artificial y las redes sociales podían deteriorar la conversación democrática. Desde entonces, nuevas investigaciones han comenzado a medir con mayor precisión algunos de los mecanismos capaces de provocar ese efecto.
La evidencia no demuestra que la inteligencia artificial decida elecciones, pero sí que los sistemas algorítmicos pueden organizar asimétricamente la exposición política, premiar la toxicidad, modificar determinadas actitudes y hasta intervenir imperceptiblemente en la manera en que los ciudadanos expresan sus opiniones.
Los trabajos académicos publicados en torno de mayo de 2025 y, especialmente, durante el año siguiente permiten extraer algunas conclusiones.
La primera es que todavía no existe evidencia sólida de que la inteligencia artificial, por sí sola, haya “desestabilizado” democracias o producido cambios masivos y decisivos en el voto ciudadano. Simon y Altay revisaron la evidencia disponible sobre la influencia de la inteligencia artificial generativa en las elecciones celebradas durante 2024 y concluyeron que sus efectos fueron sobreestimados.
No hubo el “apocalipsis de desinformación” que se pronosticaba. Los autores destacan las limitaciones de la persuasión masiva y de la microsegmentación política —microtargeting—, resaltando, en cambio, la influencia de factores económicos, culturales, sociales e identitarios.
La segunda es que las plataformas no son canales neutrales. Los algoritmos ordenan la visibilidad y pueden favorecer determinados contenidos, posiciones, cuentas o estilos de comunicación. Esto aparece en los estudios sobre X —antes Twitter—, TikTok, chatbots y herramientas de escritura asistida. No implica necesariamente una intención ideológica explícita: significa que toda arquitectura de recomendación distribuye atención, visibilidad y oportunidades de influencia de manera desigual.
En tercer lugar, auditorías algorítmicas, estudios observacionales y experimentos de campo permiten afirmar, con distintos grados de certeza, que el engagement puede deteriorar el debate. La evidencia muestra que el contenido partidista, hostil o tóxico suele obtener más interacción, y que maximizar el engagement no equivale necesariamente a satisfacer las preferencias reflexivas del usuario.
Una cuarta conclusión es que la alfabetización digital es necesaria. Los ciudadanos necesitan comprender que una respuesta conversacional, una sugerencia de escritura o un feed personalizado no constituyen reproducciones neutrales de la realidad.
Quinto: la regulación y la transparencia resultan justificadas. Los hallazgos respaldan la necesidad de auditorías independientes, acceso de los investigadores a los datos, explicación de los criterios de recomendación y controles sobre herramientas que intervienen en procesos electorales.
En sexto lugar, considerados en conjunto, los estudios permiten sostener con mayor fundamento que la promesa original de la democracia digital está condicionada.
Ya no se trata solo de una opinión: la preocupación cuenta ahora con una base empírica más precisa. La capacidad de interacción, descentralización y acceso que inspiró el optimismo inicial convive ahora con plataformas privadas altamente centralizadas que controlan los mecanismos de visibilidad.
Los resultados de estos estudios nos invitan a abandonar tanto el pánico como la complacencia. No existe evidencia suficiente para afirmar que la inteligencia artificial y los algoritmos controlan automáticamente a los ciudadanos o deciden por sí solos los resultados electorales.
Pero tampoco es posible sostener que sean políticamente neutrales.
La evidencia muestra que pueden modificar la información que recibimos, jerarquizar determinados temas y posiciones, recompensar contenidos divisivos e influir sobre algunas actitudes políticas.
La cuestión ya no es, por lo tanto, si debemos regular, sino cómo hacerlo sin restringir la libertad de expresión ni bloquear la innovación.
Si queremos evitar que decisiones privadas, opacas y automatizadas terminen gobernando la conversación pública, la regulación de la arquitectura algorítmica de las plataformas ha dejado de ser opcional.
La regulación debe concentrarse en los procesos, los incentivos y la arquitectura de los sistemas, no en administrar contenidos u opiniones, y ser proporcional al riesgo de cada plataforma o herramienta.
Como mínimo, requiere transparencia, auditorías independientes, acceso de investigadores a datos, trazabilidad de las recomendaciones, feeds cronológicos opcionales, protección de los datos personales y responsabilidad frente a sesgos sistemáticos.
La regulación no es ni puede convertirse en censura: debe devolver capacidad de decisión a los ciudadanos y evitar que la democracia digital se transforme, silenciosamente, en una democracia gobernada por algoritmos.
