En diciembre de 2024 participé en un seminario internacional para plantear que la transformación de los sistemas alimentarios requería algo más que diagnósticos compartidos. Propuse una agenda más concreta, capaz de combinar sostenibilidad, innovación, inversión, cooperación técnica y participación activa del sector privado.
Las recientes conferencias de IFAMA 2026 y FAO Smart Farming 2026 muestran que esa discusión ha madurado. No porque haya cambiado el problema de fondo, sino porque comienza a aparecer con mayor claridad el tipo de respuesta institucional, tecnológica y productiva que será necesario construir.
La Conferencia Mundial de IFAMA consideró que los sistemas agroalimentarios deben responder simultáneamente a incertidumbre climática, volatilidad de precios, tensiones geopolíticas, cambios demográficos estructurales y cambios de los patrones de consumo, riesgos sanitarios y nuevas tecnologías.
La Conferencia Global de FAO sobre Agricultura Inteligente, realizada pocos días después en Roma, abordó el mismo desafío desde otro ángulo: cómo aprovechar los datos, la inteligencia artificial, la digitalización, la agricultura de precisión y las nuevas herramientas tecnológicas para construir sistemas agroalimentarios más sostenibles, productivos e inclusivos.
La convergencia entre ambas conferencias es significativa.
IFAMA habló de resiliencia. FAO habló de agricultura inteligente. Pero ambas apuntaron hacia una misma conclusión: la transformación agroalimentaria no será exitosa si se limita a grandes empresas, grandes plataformas tecnológicas o grandes unidades productivas. Debe llegar también a los pequeños productores.
Este es un punto decisivo.
Los pequeños productores no pueden ser tratados como beneficiarios marginales de la modernización agrícola. Son parte esencial de la producción, del empleo rural, de la seguridad alimentaria, de la ocupación territorial y de la estabilidad social. Si quedan fuera de la nueva economía agroalimentaria, la transformación será incompleta. Y probablemente también será políticamente frágil.
La agricultura inteligente no puede consistir solamente en introducir sensores, plataformas digitales, imágenes satelitales, inteligencia artificial o sistemas de trazabilidad. Debe traducirse en mejores decisiones productivas, mayor acceso a mercados, reducción de riesgos, financiamiento adecuado, mejores ingresos y mayor capacidad de adaptación.
Allí resuena un mensaje de estas conferencias: la transformación de los sistemas agroalimentarios requiere una nueva generación de alianzas público-privadas.
El sector público conserva un papel indispensable. Debe definir prioridades, construir marcos regulatorios, invertir en bienes públicos, fortalecer instituciones sanitarias y fitosanitarias, promover infraestructura física y digital, reducir asimetrías y orientar la transformación hacia objetivos de desarrollo.
Pero el sector privado aporta inversión, conocimiento de mercado, capacidad de gestión, tecnología, innovación, logística, financiamiento, escala y contacto con cadenas de valor reales. Sin él, muchas iniciativas seguirán siendo ejercicios piloto que muestran posibilidades, pero insuficientes para transformar sistemas.
El problema ya no es solamente generar innovación, sino escalarla. Durante años se han desarrollado proyectos, plataformas, experiencias demostrativas y soluciones tecnológicas valiosas. Muchas funcionan en condiciones controladas o en territorios específicos. El desafío es convertirlas en modelos sostenibles, replicables y financieramente viables.
Para eso se necesitan alianzas más sofisticadas.
No alcanza con convocar al sector privado a una mesa de diálogo. Tampoco con diseñar programas públicos a los que luego se invita a las empresas a sumarse. Las alianzas modernas deben estructurarse alrededor de objetivos compartidos, responsabilidades claras, incentivos adecuados y resultados verificables.
Deben permitir que los gobiernos orienten, que las empresas inviertan, que la academia aporte conocimiento, que las instituciones financieras reduzcan riesgos, que los organismos internacionales catalicen cooperación y que las organizaciones de productores participen desde el diseño de las soluciones.
La inclusión no se logra simplemente declarando que los pequeños productores son importantes. Se logra cuando las soluciones responden a sus restricciones reales: escala, acceso limitado al crédito, baja conectividad, falta de asistencia técnica, dificultades logísticas, escasa información de mercado, vulnerabilidad climática y limitada capacidad para absorber riesgos tecnológicos o financieros.
Una agenda efectiva de agricultura inteligente debe partir de esas condiciones. Debe preguntarse cómo se financia la adopción tecnológica, quién presta asistencia técnica, cómo se comparten los datos, cómo se protege al productor, cómo se remunera la mejora de calidad, cómo se facilita el acceso a mercados y cómo se distribuyen los beneficios dentro de la cadena de valor.
La gobernanza de datos será especialmente importante.
Los datos agrícolas se están convirtiendo en un nuevo activo estratégico. Pueden ayudar a mejorar rendimientos, anticipar enfermedades, optimizar el uso de agua y fertilizantes, verificar origen, reducir pérdidas, medir huella ambiental y facilitar financiamiento. Pero también pueden generar nuevas asimetrías.
Por eso, la agricultura inteligente necesita reglas, instituciones y confianza. Necesita interoperabilidad, protección de datos, estándares abiertos cuando sea posible, transparencia en el uso de la información y mecanismos que permitan que el valor generado por los datos llegue también a quienes trabajan la tierra.
IFAMA agregó otro elemento fundamental: resiliencia. La transformación agroalimentaria no puede medirse solo por eficiencia. Un sistema puede ser eficiente y, al mismo tiempo, frágil. Puede producir mucho, pero depender excesivamente de pocos insumos, pocos mercados, pocas rutas logísticas, pocas tecnologías o pocos proveedores.
La resiliencia exige diversificación, capacidad de adaptación, instituciones confiables, cadenas de suministro más robustas, mejor gestión del riesgo climático, sistemas de alerta temprana, financiamiento adecuado y productores con capacidad real para responder a shocks.
En ese marco, los pequeños productores deben ser vistos también como parte de la resiliencia del sistema. Integrarlos mejor no es solamente una obligación social. Es una condición para construir sistemas agroalimentarios más equilibrados, más extendidos territorialmente y menos vulnerables.
América Latina tiene aquí una oportunidad evidente.
La región posee recursos naturales, capacidad productiva, conocimiento agroindustrial, empresas dinámicas, instituciones tecnológicas relevantes y un papel creciente en la seguridad alimentaria global. Pero esa posición no garantiza por sí sola liderazgo futuro. La ventaja agroalimentaria de los próximos años dependerá cada vez más de la capacidad de combinar producción primaria con tecnología, trazabilidad, bioeconomía, financiamiento, sostenibilidad, servicios digitales e innovación institucional.
Argentina, Brasil y otros países de la región pueden desempeñar un papel mucho más ambicioso. Pueden convertirse en plataformas de soluciones para la agricultura inteligente, la inclusión de pequeños productores, la gestión sostenible de recursos, la certificación de calidad, la bioeconomía y la seguridad alimentaria global.
Pero para eso será necesario construir alianzas público-privadas con mayor ambición y mayor disciplina. La cooperación debe ayudar a construir capacidades, no reemplazarlas. Debe permitir que los beneficiarios despeguen por sí mismos, que los modelos funcionen más allá del proyecto inicial y que las instituciones locales puedan apropiarse de los resultados.
En 2024, esa era precisamente la dirección que parecía necesario tomar. Hoy, el debate internacional la confirma y la vuelve más urgente. Es necesario hacer más y mejor. Y pronto.
