Cada vez más, las protestas y los nuevos canales de participación política se dirigen contra las formas autoritarias de ejercicio del poder, contra la manera excluyente que establece barreras de acceso a las decisiones y a favor de un poder más inclusivo, abierto a la participación, equilibrado, distribuido, lateral y accesible para la comunidad en su conjunto. Las condiciones de los líderes para ejercer uno y otro tipo de poder son claramente distintas.
En ese contexto, es probable que los niveles de representación política más próximos a los ciudadanos, como los gobiernos municipales, ganen relevancia y se vuelvan estratégicos en la tarea de disolver el desencanto con la política y los políticos que envuelve a gran parte de los ciudadanos en todo el mundo.
Es posible que los gobiernos se vean tentados –si no obligados– a descentralizar parte del poder concentrado en el nivel de decisiones nacionales fortaleciendo la capacidad decisoria de los gobiernos estaduales o municipales, no ya para reducir gastos como ha sido el caso en pasado reciente, sino como una forma de ganar legitimidad política.
Acercar el proceso de toma de decisiones a los ciudadanos, allí donde ellos se encuentran, tiene el potencial de comprometerlos con lo mejor de la política: la capacidad de organizar consensos y tomar decisiones colectivas respetando y protegiendo a las minorías.
El modelo de representación política en el siglo XXI estará sin duda determinado por el imperativo democrático de renovar el compromiso con el pueblo y su participación política a través de soluciones prácticas y concretas para los problemas cotidianos que más preocupan a la gente.
